jueves 16, junio 2011
Gobierno debe pronunciarse sobre avasallamientos
jueves 16, junio 2011
Cuando la inseguridad jurídica y el abuso prevalecen, la paz y la tranquilidad de una sociedad se encuentran en constante riesgo, como está sucediendo con los avasallamientos de comunidades originario-campesinas, como aconteció en las últimas horas con la mina privada de estaño de Sayaquira.
Debemos recordar que la acción campesina congregó a más de doscientos campesinos, los que procedieron a desalojar a los trabajadores mineros y sus familias de ese lugar, un total de 500 personas, con el uso de dinamita y la violencia.
Aunque los efectivos policiales retomaron el control del lugar, los que aún tienen dos desaparecidos en su haber, alarma lo que acontece en nuestro país, con la insurgencia de originarios, los que han decidido, no sólo en esa zona, sino en todas las que producen minerales, a tratar de apropiarse de los yacimientos, a fin de tomar el control de la producción en su beneficio.
Se ha difundido, equivocadamente, que esos sectores de la sociedad, no solamente tienen derecho a la tierra y territorio, sino también a lo que existe en el subsuelo de los espacios físicos otorgados, en los que se encuentran los recursos naturales no renovables.
Este precepto contradice la Constitución Política del Estado, ya que si bien en ella se les da el derecho y exclusividad de explotación de los recursos naturales renovables de las áreas de sus comunidades, en lo que se refiere a los no renovables, tienen derecho a la participación de los beneficios de la explotación minera, que se traducen en los porcentajes que les toca por efecto del pago de las regalías de las empresas, cooperativas y el mismo Estado, a través de los Municipios y las propias comunidades en las que se encuentran las minas.
Sin embargo ha empezado a correr la versión de que las comunidades serán declaradas como "sujetos de derecho minero" en el proyecto de Ley Minera que actualmente se encuentra en negociación, con lo que también se les daría el derecho de explotación del subsuelo, quedando marginados los actores mineros reconocidos en la Carta Magna, es decir los privados y las cooperativas.
Si bien el atractivo actual para la explotación minera es el precio en el mercado internacional, rentable y utilitario actualmente, al parecer la meta de los sectores antes agrarios, no sólo es percibir regalías por medio de los mecanismos de la Ley, sino ahuyentar a quienes tienen actualmente concesiones, ya sea en cuadrículas o en pertenencias.
Para este objetivo han procedido al amedrentamiento, al avasallamiento e, incluso, a la violencia, como ha sucedido con la mina de Inquisivi, creando inseguridad jurídica, además de temor, frente a una ofensiva y una mala interpretación, que ha surgido desde que mediante Resoluciones administrativas, como la del Ministerio de Minería, se exigen la licencia social o el permiso y aceptación de los comunarios, para los trámites de arrendamiento de áreas mineras ante COMIBOL, sin que este precepto esté contemplado en el Código Minero en vigencia, determinación arbitraria que no se la debería aplicar mientras la norma, es decir una Nueva Ley, derogue la anterior.
Las expectativas para la propiedad o el arrendamiento de áreas o yacimientos mineros, para los originario-campesinos, van más allá, por cuanto, incluso muchas autoridades del campo minero y de otros estamentos, están alentando la creación de Empresas Mineras Comunitarias.
Con el reconocimiento de las comunidades como "sujetos de derecho minero", por encima de los actores mineros reconocidos, o la implantación de "Empresas Mineras Comunitarias", la actividad privada y la cooperativa prácticamente habrán muerto en este campo de la producción de minerales.
En este tema, es necesario que el Gobierno se pronuncie y evite más avasallamientos e inseguridad jurídica. Si es la política del régimen para que esos privilegios sean sólo de un sector, es preciso que lo anuncie desde ahora, por cuanto, de lo contrario tendremos más "sayaquiras", no sólo con la expulsión de trabajadores mineros o cooperativistas, sino enfrentamientos que pueden derivar en una tragedia en nuestro territorio.
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